Iván Llera
Cambio de modelo. La rescisión del contrato entre 7RM y GTM, la empresa responsable de la producción de contenidos para la cadena pública, ha abierto la veda de las privatizaciones de las cadenas autonómicas. Una postura largamente defendida desde las filas populares y que se ha consumado con la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que el Ejecutivo justificó para dar respuesta a las peticiones de comunidades como Madrid y Castilla-La Mancha.
Según el último informe elaborado por Deloitte para Uteca, las autonómicas registraron unas pérdidas por valor de 536 millones de euros en 2010 (un 3% menos), mientras que el conjunto de su deuda alcanzaba los 1.466 millones, equivalente a la aportación del FMI para el rescate de Irlanda.
Pese a los pronósticos, el primero en dar el paso ha sido el Ejecutivo de Valcárcel. El Gobierno murciano confía en “el concurso de atribución a una empresa privada para la gestión indirecta del servicio de televisión sujeta al mandato marco y el contrato-programa”.
Así, la comunidad dejará el futuro de 7RM “de forma directa” en manos del sector privado bajo un contrato de 15 millones de euros. Una cantidad raquítica si se tiene en cuenta que en 2010 el Ejecutivo murciano destino 46 millones a la prestación del servicio de radiotelevisión pública y que el Gobierno regional considera “atractiva” para los inversores.
Era una idea que ya había avanzado el Gobierno regional de Murcia y que se consumó con la disolución del contrato vigente con GTM, propietaria de las instalaciones de la cadena y responsable de los casi 300 empleados de la cadena. El Ejecutivo busca “obtener una reducción importante de los costes de la radio y la televisión autonómicas” y confía en resolver el concurso en un máximo de ocho meses: “Nos ha parecido importante que se mantenga la televisión autonómica como un servicio público en cuando que sirve como un elemento de identidad regional que el Gobierno considera que debemos preservar”.
Pero la murciana no es la única autonómica que está sufriendo los recortes presupuestarios. Canal 9 es la segunda cadena regional con más empleados. En mayo, la Generalitat asumió la deuda de Canal 9, que asciende a los 1.200 millones de euros.
Para ajustar RTVV a la realidad presupuestaria valenciana, el consejo de administración del ente aprobó un ere que recorta la plantilla en un 71%, en total 1.198 empleados, hasta dejarla en los 480 empleados. La previsión es que los primeros 500 abandonen el ente este mismo mes.
Canal Sur 2 desaparecerá como parrilla en octubre, cuando pasará a centrar su programación en la emisión simultánea de la señal de Canal Sur de forma 100% accesible. El director general de Radio Televisión Andalucía (RTVA), Pablo Carrasco, ha informado que con la medida se ahorrarán 20 millones de euros y no generará ningún despido.
Algunos programas de CS2 pasarán a emitirse en su primer canal, aunque la mayoría desaparecerán. Carrasco ha lamentado tener que tomar una decisión así, pero asegura haberse visto obligado. Desde 2009, la Junta de Andalucía ha reducido sus aportaciones a la radiotelevisión pública en un 33%. Los ingresos también se han visto mermados con la crisis publicitaria, descendiendo las aportaciones por anuncios hasta situarse en un tercio de la que registraba solo hace tres años.
Por el momento, solo la ONCE se ha mostrado satisfecha con el cambio, que convertirá a Canal Sur 2 en la primera cadena de televisión del Estado accesible las 24 horas del día para colectivos de personas con discapacidad sensorial.
En Asturias, el nuevo Gobierno del socialista Javier Fernández no ha permitido a la cadena autonómica esquivar el recorte de 12 millones de euros en un presupuesto total de 35. Así, RTPA tendrá que afrontar el año con un recorte del 34%. Ya se han producido los primeros recortes: TPA Noticias ha prescindido de algunos de sus corresponsales desplegados por la comunidad y ‘Conexión Asturias’ ha cerrado sus ediciones de fin de semana. Asímismo, se espera un ere que afecta al personal laboral de la cadena para apostar por “más externalizaciones”, tal y como denunció recientemente el sindicato CSI.
Mientras tanto, en Telemadrid comienzan a realizarse los primeros movimientos y ya ha abierto un concurso para elaborar un ere para “adecuar al presupuesto” su actual plantilla de 1.175 trabajadores. La intención es seguir los pasos de RTVV y reducir en un 70% el número de empleados de la cadena.