Iván Llera (@teleadictoyque)
Operan 36 canales de televisión y 24 emisoras de radio; cuestan 1.500 millones de euros anuales y arrastran una deuda cercana a los 2.000 millones. Son las cifras de los trece entes públicos de comunicación existentes en España. Su coste siempre ha sido objeto de polémica, pero ha sido la crisis financiera la que ha puesto el foco sobre ellas. En un momento de control del déficit público, el Gobierno central quiere que las Comunidades Autónomas decidan “libremente” la gestión de sus cadenas.
Era una de sus promesas electorales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha dado un paso al frente y ha trasladado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) su intención de modificar la ley General de la Comunicación Audiovisual para permitir a los gobiernos autonómicos decidir el futuro de las cadenas públicas. ¿Las opciones? Desde la privatización a la gestión público-privada, pasando por el mantenimiento del modelo actual.
Telemadrid y CMTV, ¿las primeras?
Telemadrid y Castilla-La Mancha Televisión podrían ser las primeras en pasar a manos privadas. La necesidad de las cadenas públicas siempre ha sido cuestionada por los populares. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado en numerosas ocasiones su voluntad de deshacerse de Telemadrid, que acumula un déficit de 250 millones; y su homóloga castellano-manchega, la también popular María Dolores de Cospedal, pide lo mismo desde su llegada al gobierno de la comunidad.
La misma posición defiende el Gobierno asturiano. El Ejecutivo de Francisco Álvarez-Cascos considera la televisión pública “prescindible” y apuesta por un modelo de gestión público-privada que cueste “lo mínimo” al contribuyente. Entre sus planes: un recorte del 70% en el presupuesto de la RTPA para 2012. La falta de acuerdo en la Junta General para sacar adelante las cuentas del presente año mantienen los 35 millones de euros del año pasado. Algo que salvaría a la cadena, ya que, según la Dirección General en funciones, cualquier recorte superior al 18% forzaría su cierre.
Normalización lingüística
La decisión de la privatización quedaría siempre en manos de los ejecutivos de autonómicos. Las comunidades con lengua propia recortan, pero no están dispuestas a prescindir de sus entes de comunicación: son un instrumento de normalización lingüística.
Es el caso de TV3, la más cara de las públicas autonómicas. En 2011 el gobierno de la Generalitat aportó 300 millones de euros, cuarenta más de los 260 que tiene previsto aportar este año. El recorte acabará con las retransmisiones de fútbol, así como con dos de las ocho señales de televisión que emite la pública catalana, según anunció la directora del ente, Mònica Terribas.
Tampoco se libran de los recortes ETB y TVG, las otras dos veteranas. Después de paralizar el lanzamiento de ETB4 en 2011, el Gobierno vasco ha reducido un 8,4% el presupuesto de la pública para este año. Sin renunciar a ninguna de sus señales, la televisión gallega ha ajustado sus cifras hasta quedarse en hasta los 117,1 millones de euros (-3,6%), mientras que Canal Sur recortó sus cuentas un 22%.
La situación más complicada es la de la Radio Televisión Valenciana (RTVV). Con una deuda que ronda los 1.240 millones de euros, la cadena lastra las cuentas de la comunidad. El Ejecutivo de Carlos Fabra quiere sanear y redimensionar la RTVV y ya prepara un ERE que podría dejar en la calle a dos tercios de los 1.800 trabajadores con los que cuenta.
En el resto de autonómicas se repiten los ajustes. El mayor recorte se lo lleva la murcian 7RM, que ve bajar sus cuentas en un 60%. IB3 renuncia al fútbol y la fórmula 1 y recorta un 40%, mientras que Aragón TV, TV Canaria y Canal Extremadura lo hacen en un 25%, 20% y 15% respectivamente.
El modelo CyLTV
El principal objetivo es reducir la aportación pública y fomentar la participación de las empresas privadas en el modelo televisivo autonómico. Pero, ¿es rentable? Navarra y Castilla y León son dos ejemplos de Comunidades Autónomas que no cuentan con un servicio de televisión pública propio. Sin embargo, las subvenciones a medios de comunicación encuentran acomodo en sus cuentas.
La comunidad foral destina dos millones de euros a sostener la actividad de las emisoras de ámbito autonómico con licencia de TDT. Lo hace en cuatro partidas distribuidas por concurso público: informativos (1 millón de euros), programas (500.000 euros), infantil (160.000) y programa propio (340.000 euros). Es un 30% menos que hace año cuando el gobierno de la comunidad entregaba 800.000 euros a cada uno de los tres operados con licencia autonómica (Canal 6, Canal 4 y Popular TV).
Castilla y León renunció a contar con una televisión autonómica de titularidad pública y dejó paso a la iniciativa privada. Así surgió Castilla y León Televisión, adjudicataria de las dos licencias autonómicas de TDT. De titularidad privada, la Junta aporta cada año unos 25 millones de euros en subvenciones directas por la cobertura de las “necesidades de interés público” fijadas en contratos-programa acordados por ambas partes.