Recogemos las declaraciones que ha realizado Jose Manuel Fernández Lavandera, consejero de FORO en RTPA, por su interés:
De acuerdo con la información facilitada por Lavandera, en el párrafo primero del apartado 16.2 del Pliego de Condiciones Jurídicas del mencionado contrato de servicios informativos se dispone que “el adjudicatario está obligado a cumplir lo dispuesto en el Convenio Colectivo de la Industria de la Producción audiovisual sobre subrogación de trabajadores de las empresas que se sustituyan”, y a tales efectos se recoge un ANEXO 4 del pliego con el listado del personal susceptible de subrogación, integrado por 12 trabajadores con categoría de Cámara, 2 trabajadores con la categoría de Coordinadores, 1 Encargado Técnicos de video, 15 redactores y 2 reporteros gráficos. En total: 32 trabajadores.
A su vez, en el párrafo segundo del mencionado apartado 16.2 del pliego de condiciones jurídicas se añade que “Los licitadores interesados podrán solicitar la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para evaluación de los costes laborales en los términos señalados en el apartado 2.3 de este pliego”.
Afirma Fernández Lavandera al respecto que «estamos expectantes acerca de si la empresa adjudicataria VAV COMPAÑÍA DE PRODUCCIONES S.L. cumple o no con esa obligación de subrogación de los 32 trabajadores relacionados en el Anexo IV del Pliego de Condiciones Jurídicas, y si respetarán los derechos salariales de los citados trabajadores, porque me temo que la fecha del 30 de abril de 2013 (fecha de formalización del contrato entre la dirección de la TPA y la empresa VAV), no es casual. En ese fecha se cumplen justamente 4 meses desde que el 31 de diciembre de 2012 cesaron en la prestación de sus servicios los trabajadores de las subcontratas que integran el Anexo IV al que anteriormente se ha hecho referencia«.
Para el consejero de FORO, «el transcurso de esos cuatro meses, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 35 del II Convenio Colectivo de la Industria de la Producción audiovisual, deja en el aire la subrogación prevista en el Pliego de Condiciones Jurídicas, y con ello las manos libres a la adjudicataria», y añade que «habrá quien crea que puede ser una casualidad, pero en las denuncias que circulan por las redes se difunde que la situación creada está siendo aprovechada por la adjudicataria VAV COMPAÑIA DE PRODUCCIONES S.L. para imponer nuevas condiciones de trabajo a quienes contraten para la prestación del contrato de servicios informativos, por supuesto, imponiendo peores condiciones de las que han venido disfrutando hasta ahora».
A Lavandera le preocupa que «también se difunde por las redes que VAV COMPAÑÍA DE PRODUCCIONES S.L. subcontratará a ZEBRASTUR los cámaras para la prestación de los servicios informativos, pero la subcontratación exige que sea autorizada por la Dirección de la TPA de conformidad con lo previsto en el apartado 21.2 del Pliego de Condiciones Jurídicas. Las mismas redes informan que VAV COMPAÑÍA DE PRODUCCIONES S.L. recurrirá a alquilar a ZEBRASTUR los medios materiales necesarios para la prestación de los servicios informativos».
De todo ello, Fernández Lavandera deduce que «VAV COMPAÑÍA DE PRODUCCIONES S.L., cuyo centro de operaciones se fija también casualmente en OLLONIEGO, donde tiene su sede ZEBRASTUR, ni tenía personal ni medios materiales cuando el 30 de abril de 2013 formalizó con TPA la adjudicación del contrato de servicios informativos».
Finalmente, el consejero de FORO añade que “si la dirección de la TPA consiente que no se cumplan en sus términos la subrogación de los trabajadores relacionados en el ANEXO IV del Pliego de Condiciones Jurídicas, al tiempo que autoriza la subcontratación de personal de ZEBRASTUR para la prestación de los servicios informativos y a la vez se da por enterada de que el alquiler de medios materiales se consuma por la adjudicataria con posterioridad a la formalización del contrato de adjudicación, estará dando la apariencia de una extraña situación que exigirá una investigación seria e inmediata para que, al menos, se despejen las dudas que toda esta situación viene generando, con la finalidad última de que no continúen propagándose las sospechas de desviaciones y/o irregularidades en la adjudicación del contrato».
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